Funcionarios del Ministerio de Industria que deciden el pago de subsidios millonarios por la fabricación de bienes de capital son, al mismo tiempo, los dueños de un conglomerado de empresas destinatarias de esos fondos. Es decir, están ubicados a ambos lados del mostrador. Así lo demuestran documentos comerciales, copias de expedientes administrativos, registros informáticos y memorándum internos que LA NACION cotejó durante los últimos meses.
La operatoria supone una incompatibilidad con el ejercicio de la función pública de parte de los involucrados, todos ellos asesores o agentes vinculados con la cartera que conduce Débora Giorgi y, al mismo tiempo, en algunos casos, profesores o autoridades de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Es el costado más oscuro del régimen de reintegros a la producción de bienes de capital, compensación con la que el Gobierno busca incentivar anualmente a las empresas del sector.
Esos bonos, que el Estado ofrece desde 2001 para saldar la desventaja que supone haber sacado los aranceles de importación, son reintegros de 14% en las ventas de lo que fabrican las empresas. Pero obtenerlos implica un trámite: se debe iniciar un expediente en la Secretaría de Industria y cumplir con requisitos específicos (como mantener el personal y no tener deudas con la AFIP). Después de seis meses y auditorías a través de convenios con universidades, si no hay imprevistos las compañías reciben los bonos.
En Industria negaron que haya funcionarios dueños de empresas que cobren subsidios de esa cartera. Ante la consulta de LA NACION sobre varios casos, sólo admiten como empleados a dos de ellos, dedicados a "tareas menores".
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