martes, 16 de diciembre de 2014

Vivir solo cuesta vida por Patricia Gorocito




ivir en la ciudad es siempre vivir en apuros. ¿Cómo responder a la violencia de las ciudades?
Para el hombre tal como es, encontrar el universo con el rostro descubierto, es morir.Para encontrar el universo y seguir vivo,tiene que ponerse una máscara, una máscara de oxígeno…                                           
Y.Mishima
Las grandes ciudades no fueron ni serán nunca confortables. Sometidas están desde el comienzo de la revolución industrial y el emergente capitalismo del siglo XIX a la velocidad y a la supresión del tiempo subjetivo.
El imperativo del vértigo y la violencia sostienen todos los momentos de la vida. La violencia es desmedida siempre porque el tiempo de la urbe es la velocidad y el tiempo del sujeto es un tiempo de espera. El feroz mandato de la velocidad provoca una existencia siempre en falta con ese ideal de lo vertiginoso.
Existencialmente es necesario detenerse, incluso detenerse en el presente para que advenga un futuro verdadero.
Al acostumbrarnos a lo vertiginoso transitamos a su ritmo ¿Pero qué sucede cuando inesperadamente, sólo por un instante no logramos calibrar nuestros movimientos con los de la ciudad? De pronto surge una experiencia insólita que hace que nuestras coordenadas simbólicas, que hasta ese momento eran útiles para manejarnos en el mundo, dejan de serlo y nos sentimos desamparados en un lugar donde el Otro dejó de existir. Lo familiar entonces se vuelve extraño y así puede llegar a surgir la experiencia traumática.
Freud estudió y desarrolló el concepto de “unheimlich” en su artículo Lo ominoso, de 1919.
A partir de El hombre de arena de E. Hoffmann, Freud analiza el término que resulta ser una palabra que logra nombrar dos estados completamente diferentes y contrarios, familiar y extraño a la vez.
Podemos aplicar este término cuando sucede a un sujeto un accidente que puede ser una catástrofe social, natural, subjetiva o todo a la vez. Desde un accidente en la ruta a un terremoto, una violación, un secuestro o un robo.
Algo inesperado y lamentable nos ocurre. Lo siniestro entonces no es lo meramente extraño o sólo lo que nos angustia sino lo que nos sucede frente al hecho; un sentimiento de extrañeza y horror en un ámbito cotidiano, familiar, íntimo. Y siguiendo a Freud en el instante de la catástrofe nos encontramos con el tiempo de la repetición, tan bien analizado por Freud en las neurosis de guerra.
Volviendo a la ciudad, sabemos que siempre habita el azar, la pura contingencia y en el sujeto lo azaroso, la confrontación con lo real.
Vivir en la ciudad es siempre vivir en apuros. ¿Cómo responder a la violencia de las ciudades?
No hay recetas ni tampoco prevención frente a la contingencia. De eso se trata el psicoanálisis, de inventar cada vez una respuesta y muchas veces inventarnos a nosotros mismos para corrernos de ese lugar tan fácil que ofrecen las asociaciones de víctimas, lugares cómodos que prometen bienestar como todos los lugares a los que accedemos por identificación. Nos sentimos acompañados formando parte de dichas asociaciones, tal vez por un tiempo, pero corremos el riesgo de perder nuestra más preciosa singularidad al aliviarnos sólo por la coincidencia con otras personas que les ha sucedido lo mismo.
Como psicoanalistas sabemos que frente a una situación traumática cada sujeto reacciona desde su fantasma, su novela familiar, en fin desde su más propia originalidad. Es decir que cada quién responde a la experiencia de lo siniestro de manera única y singular. Con su historia y su estructura. La respuesta es una sorpresa para el sujeto y también para el analista. 
La ética del psicoanálisis se sostiene en esta búsqueda de un saber hacer ahí frente a lo siniestro y ese saber está en cada analizante.
Nuestra ciudad puede transformarse en un campo de batalla donde los ciudadanos indefensos sólo tenemos nuestro cuerpo como coraza frente a la violencia que viene de afuera y de adentro. El vértigo llama desde la ciudad y desde la pulsión; es decir desde afuera y también desde adentro. Es entonces momento de pensar el concepto extimidad, neologismo creado por Lacan. Dicha palabra se encuentra en El Seminario 7 de la Ética del Psicoanálisis (1960) y luego desarrollada como concepto por Jacques Alain Miller en su curso “La extimidad” (1985) para referirse a un sujeto des localizado, que encuentra su intimidad muy lejos de sí. Cómo vemos este término no puede explicarse desde la lógica convencional. Necesitamos de la topología para hablar de un adentro y afuera a la vez.
De nuevo un oxímoron, dos contrarios que se unen en un mismo concepto. El imperativo de goce feroz del sistema que nos invita al más allá del principio del placer y el imperativo de goce de la pulsión que siempre es de muerte.
Jacques Alain Miller deja claro que somos sujetos extraños en lo más íntimo y cercanos en lo más lejano, siempre confrontados a la contingencia. ¿Y cómo respondemos frente a esa situación que nos pierde de nosotros mismos y sin la brújula del Otro?
Dice Jacques Alain Miller en su curso “El Otro que no existe y sus comités de ética” (1996-1997) que los sujetos preparados para la eventualidad son los que mejor pueden habitar esta época de vértigo y sorpresas llamada por algunos posmodernidad y por otros hipermodernidad.
Es interesante pensar cuando vivimos una situación traumática en la perspectiva de Freud y luego de Lacan. Se juega por un lado la repetición, por algunos llamada destino, y por el otro la invención.
El bien decir del analista y del analizante, la responsabilidad de inventarse cada vez del sujeto será la clave para tramitar el trauma.
Ésta es la ética de la última enseñanza de Lacan.
Concluyo con un párrafo de Jorge Forbes de su libro Psicanálise a clínica do Real (editora Manole, 2014) donde define de manera clara el abordaje del trauma a partir del dispositivo mencionado: “…Invención y Responsabilidad (I. R.) es el momento de la clínica actual, la persona inventa una respuesta para lo que no sabe, y, enseguida se responsabiliza por ello. I.R. es la respuesta necesaria a un mundo pos-edípico, pos-significación vertical, pos-moderno, globalizado. Ésta es la segunda clínica de Lacan o clínica de lo real, aludiendo al sin sentido.”
Hay una casuística importante en su libro anterior (°) de los casos que se siguen en la Clínica Genoma Humano de Universidad de Sao Paulo que realiza junto a la Dra. Mayana Zatz y el equipo de los psicoanalistas de IPLA.
En dicha experiencia se puede seguir cada caso y evaluar los efectos de los tratamientos de pacientes que llegan a dicha institución con patologías neurológicas graves. Cuando los pacientes se enterar del diagnóstico se encuentran con una situación muy traumática para ellos y sus familias.
En estos casos Jorge Forbes, la Dra. Mayana Zatz y equipo tienen un abordaje que ilustra adecuadamente, desde la experiencia, la clínica de la segunda enseñanza de Lacan y sus resultados frente al trauma.
Sería interesante difundir dicha experiencia para trabajar situaciones traumáticas de distinta índole.
De hecho en Buenos Aires, desde la Facultad de Psicología (UBA) – Cátedra de Psicología, Ética y Derechos Humanos intentamos hacer un trabajo conjunto con dicho equipo.
Esperamos seguir nuestros intercambios académicos a partir de dicha experiencia.
Patricia Gorocito é psicanalista e professora da Faculdade de Psicologia da Universidade de Buenos Aires, Argentina. 
(°) letra de la canción Ropa Sucia de Los Redonditos de Ricota

lunes, 15 de diciembre de 2014

Argentina: "No queremos una Navidad amarga" grita el pueblo trabajador




Con esta política tenemos una inflación del 40%, suspensiones y despidos, más hambre y pobreza. Pelear por un paro activo y multisectorial de 36 horas, y por un frente popular para las elecciones del 2015.
1. El paso atrás
Cristina Kirchner debió dar un paso atrás liberando el medio aguinaldo del injusto impuesto a las ganancias de los trabajadores que ganan hasta $35.000.
El gobierno había rechazado el reclamo de “abrir la mano” para fin de año. Capitanich y Kicillof salieron a defender el robo a los salarios con el impuesto a las ganancias como una cuestión “filosófica” y “solidaria”; fue una provocación. La respuesta fue la decisión de paro nacional de las CGT de Moyano y Barrionuevo, la CTA Auténtica y la Multisectorial, la Mesa Coordinadora de Gremios Estatales, y negociaba la Confederación del Transporte. Los petroleros patagónicos dieron plazo “hasta el discurso de la presidenta” en la UIA. Alborde del paro, Cristina K debió ceder, dio un paso atrás.

Se volvió a demostrar que el gobierno compra dirigentes para dividir a las organizaciones obreras y populares, pero no tiene un “traje de amianto” que resista cuando la bronca obrera y popular fogonea la unidad para la lucha. Eso sí, cedió, como siempre, lo menos que pudo, pararomper lo que se unía en el paro nacional.
El gobierno tampoco pudo con su intento de copar o dividir Federación Agraria Argentina. El exitoso Congreso de FAA, con el triunfo de la lista Azul y Blanca–Chacareros Federados, derrotó esas maniobras K defendiendo a la histórica organización de los chacareros.





2. No es suficiente
El gobierno cedió en el medio aguinaldo para salvar lo fundamental de su política de ajuste que descarga la inflación y la crisis sobre los trabajadores y el pueblo y agrava la dependencia.
Con una inflación del 41% anual, los salarios del conjunto de los trabajadores (en negro, contratados y en blanco), perdieron entre un 20% y un 8%. Con el creciente robo a los salarios por el injusto impuesto a las ganancias, creció un 60% la recaudación de ese impuesto, en noviembre (ver pág. 3). Se estima que ese robo sumará en el año $55.000 millones. Los empresarios del juego, la mayoría amigos y socios del gobierno, no pagan ganancias; y tampoco pagan las transacciones financieras.

El gobierno ha robado $ 22.000 millones de los aportes de los trabajadores a las obras socialesHa saqueado los aportes de los trabajadores para la jubilación y demás cargas sociales, usando esos fondos recaudados por la Anses como si fuera caja propia. Le ha robado a más de 5 millones de jubilados su derecho al 82% móvil. Además, la política inflacionaria del gobierno licúa los planes de los desocupados, en cuyas familias crece el hambre.

El paso atrás del gobierno no es suficiente. No cedió nada a millones de trabajadores privados, estatales y docentes, a los jubilados y pensionados, los campesinos pobres y los originarios, los chacareros endeudados, la pequeña y mediana industria y comercio castigados por la crisis, etc. La respuesta la dio el paro de los petroleros del norte patagónicoreclamando acabar con el robo de “ganancias” a su salario, y en repudio a la negativa del gobierno K de homologar su bono de fin de año.También,los desocupados de la CCC y Barrios de Pie, que van el 11 a una jornada nacional de lucha.
Para torcerle el brazo a esta política K, que beneficia a los monopolios y terratenientes descargando la inflación y la crisis sobre los trabajadores y el pueblo,es necesario seguir la pulseada por el paro nacional activo multisectorial, o una marcha federal.

3. El nuevo fracaso K
“Con los Kirchner llegaron los petroleros”, confesó alguien que los conocía bien, el hombre que llevó a Néstor K, desde encuestas que le daban el 4%, a la presidencia: Duhalde.
En setiembre pasado, Cristina K dijo que con Vaca Muerta, “Argentina es la nueva Arabia Saudita”. El presidente de YPF, Galuccio, un empleado del monopolio yanqui Schlumberger, tomó créditos en dólares al doble de intereses que Petrobrás, encareció las naftas (un 200% más caras que en Bolivia y 50% más que en Estados Unidos). Con esa plata, paga a sus patrones de Schlumberger, por cada pozo, entre 14 y 17 veces más de lo que sus patrones cobran en Estados Unidos. En lugar de perforar pozos de petróleo convencional, con tecnología argentina, y 10 o más veces más baratos que los de Vaca Muerta.
Con el desarrollo de una tecnología propia Estados Unidos abarató los costos de producción no convencional de gas (con lo que llegó al autoabastecimiento), y de petróleo (marcha a autoabastecerse en pocos años más). Esta jugada estratégica yanqui, sumada a la caída del consumo energético por el freno de las economías de China, India y Brasil, provocó la caída del precio del petróleo un 40% desde junio pasado. Como el precio del petróleo es la referencia para otras materias primas, cayeron los precios de los minerales, los granos como la soja, etc. Se fortaleció el dólar frente a las otras monedas, y se agravó la situación de países cuya economía está muy ligada a la exportación de hidrocarburos, como Rusia, Venezuela y Ecuador.
Vaca Muerta deberá esperar a un desarrollo tecnológico que abarate los costos de producción y reduzca la contaminación: nadie va a invertir para producir a un costo tan alto. La soja bajó de 488 a 380 dólares en un año. El consumo sigue cayendo pese a las medidas del gobierno para estimular la demanda.
En resumen, volvió a fracasar la receta del gobierno K: atar a la Argentina a la exportación de soja, minerales y petróleo.

4. A13 años del Argentinazo
Pese al fracaso, el gobierno no cambia. Sigue descargando sobre los trabajadores y el pueblo la inflación, la crisis y la corrupción; y seguirá agravando la dependencia y la inseguridad. Es equivocada la idea de que el ciclo K termina en diciembre del 2015. Cristina K ha ido firmando acuerdos que definen políticas claves por un largo período: ley petrolera, ley telefónica, acuerdos con las cerealeras, con China y con Rusia (ferrocarriles, obras públicas, minería, usinas atómicas, industria naval, bancos, bases de espionaje, etc.). Cualquiera sea el resultado de las elecciones, tendrá un enorme peso en el Congreso, gobernará provincias, manejará una parte de la Justicia, del peronismo y los movimientos sociales. Recicló gran parte de la deuda pública con vencimientos que le caerán a los próximos gobiernos, entre otros “paquetes envenenados”.Cualquiera sea el resultado electoral el grupo K y sus amigos y socios mantendrán palancas claves del poder después de las elecciones del 2015: para eso se preparan.
El Foro de Convergencia Empresarial, que manejan Clarín, Techint y otros grupos rivales del gobierno K, publicita a sus candidatos: Massa, Macri, Cobos, Sans, Binner. Ninguno de esos candidatos se propone acabar con el ajuste K.Ningunoparte de recuperar la soberanía nacional sobre los recursos estratégicos y la moneda. Todos endiosan al “mercado” (es decir, el puñado de monopolios y terratenientes formadores de precios), y consideran que la “salvación” viene de la mano de las inversiones extranjeras”.
Los candidatos publicitados de las clases dominantes, los K y los no K, quieren marcar la cancha. Pero, hay una salida popular. Impulsando y encabezando las luchas y su confluencia en un paro nacional; y trabajando, al mismo tiempo, para la construcción de un gran frente popular.
Un gran paso en dirección al frente popular es la convocatoria al Encuentro de la Militancia, el 20, para avanzar en el programa que unifique las urgencias y necesidades de los trabajadores y el pueblo, y lanzar una gran campaña para llegar con el frente popular a las grandes masas. Que sea una herramienta de decenas de miles de trabajadores, campesinos y estudiantes, jóvenes y mujeres, que quieren ser protagonistas de la lucha y la unidad multisectorial, y que tenga las puertas abiertas para que miles de luchadores sean sus candidatos en las elecciones.
La campaña por la personería del PTP en las provincias que aún no llegaron, sigue siendo un gran instrumento para fogonear el frente popular. También lo es, el gran picnic del hoy La Chispapara pasar un buen día con deporte, música y baile, entre compañeros y amigos.
El 19 y 20 conmemoramos el Argentinazo, que mostró en vivo y en directo de lo que son capaces de hacer los trabajadores y el pueblo cuando se deciden a hacer tronar el escarmiento.


Comentarios
La Korrupcióny un código reaccionario

El gobierno está muy preocupado por el destape de la corrupción del grupo K: las empresas fantasmas en los paraísos fiscales y el lavado de dinero en los hoteles de la familia presidencial. Si esas cuentas estuvieran bien, no necesitaría desatar una campaña contra los jueces que las investigan. Más pobre todavía es el argumento de tratar de esconder la corrupción K dentro de la corrupción generalizada, a la que el gobierno tuvo 11 años para denunciar y llevarla a la justicia y no lo hizo.
Confía, la presidenta, en que el nuevo Código Procesal Penal, que acaba de aprobar el Congreso Nacional, le garantizaría la impunidad por el principio jurídico de aplicación de la ley más benigna. No le será sencillo; la disputa del gobierno con una parte de la justicia es posible que lleve a declarar la inconstitucionalidad de todo o partes del nuevo Código.
Por otra parte, ese código abre compuertas reaccionarias contra el pueblo. No solo porque las investigaciones quedan en manos de los fiscales nombrados y manejados por el gobierno. También por artículos como el que faculta a esos fiscales ainvestigar sin causa y sin denuncia. Es decir: todos quedamos bajo sospecha.
La batalla contra la corrupción del grupo K y sus socios todavía está en pañales, será feroz, y va a recorrer el escenario político antes, durante y después de las elecciones.

Alertas sobre las mafias
La Auditoría Generalde la Nación emitió un dictamen en el que advierte que “hay una política deliberada de no control de parte del Estado”, sobre las fronteras. Un juez salteño declaró que “si no hay más narcotráfico es porque no quieren (los narcos)”.
Lo de “política deliberada” no es un detalle. Fue este gobierno el que sacó a las fuerzas de frontera de su misión, y las ha transformado en policías para la represión interna. Los narcos y demás mafias de la trata, el contrabando, etc., están agradecidos.
Es tan grave la situación, que aparecen fisuras dentro del propio gobierno. La ex ministra de Seguridad y ahora embajadora, Nilda Garré, declaró que “la Policía Federal está de adorno, ha vuelto a tener control territorial y está comprometida en el tráfico menor de estupefacientes”. Si lo dice un funcionario K…

¿Progre la ministra Giorgi?
Mirando los funcionarios del gobierno K, uno se imagina el esfuerzo que deben hacer sus militantes para considerarlo “progresista”.
Para la ministra de Industria, Giorgi, la economía está bien, la inflación está controlada y no hay recesión. ¿Qué otra cosa se puede esperar de una funcionaria que fue secretaria de Machinea, el ministro de Economía de Alfonsín que llevó al país a la hiperinflación y el hambre, siguió como funcionaria de López Murphy y de Cavallo, cuando fueron ministros de la Alianza y promovieron el recorte del presupuesto de Educación, el corralito y el corralón?
Autor: 
 Ricardo Fierro

viernes, 12 de diciembre de 2014

Jornada nacional de lucha de la CCC en Argentina




Miles de desocupados y jubilados reclamaron bono de fin de año. En Capital Federal, se marchó al Ministerio de Trabajo y luego a la Corte Suprema de Justicia.
En todo el país, la CCC salió a las calles –en muchos lugares con otras organizaciones- reclamando un bono de emergencia para todos los trabajadores, ocupados, desocupados y jubilados “para que miles de familias no pasen una navidad triste y amarga”.

En Capital Federal
El jueves 11, miles  de trabajadores desocupados y jubilados de la Corriente Clasista y Combativa conmovieron la Capital Federal exigiendo un bono de fin de año para todos los trabajadores, ocupados, desocupados y jubilados “para que miles de familias no pasen una navidad triste y amarga”, nos decía el coordinador del Movimiento de Desocupados de la CCC, Juan Carlos Alderete. Desde muy temprano, desde los barrios de la hambruna que cada vez son más en la Capital Federal y el Conurbano Bonaerense, las compañeras y compañeros marcharon con sus reclamos.
La primera parada fue el Ministerio de Trabajo de la Nación, donde se reclamó por la baja en el monto del cobro de los compañeros adscriptos al programa social PTA. Allí, tras una entrevista con funcionarios, se logró que se restaure  el monto original, ya que les habían rebajado el salario en diciembre, y que se cobre un retroactivo por lo no percibido.

Luego se marchó hasta la Corte Suprema de Justicia, donde una delegación encabezada por Juan Carlos Alderete (coordinador del Movimiento de Desocupados de la CCC), Mariano Sánchez (coordinador del MIJP), y Luciano “Tano” Nardulli (de la CCC de la Capital Federal), entre otros, solicitó respuesta al pedido de amparo presentado ante la Corte en la marcha del 11 de septiembre. Como se informó al final, los funcionarios que atendieron a los compañeros aceptaron que la CCC haga una presentación formal para que el Tribunal Supremo convoque a una mesa de diálogo con el gobierno nacional.
Mientras  se esperaba la salida de la delegación, compañeros de distintos barrios tomaron el micrófono denunciando cómo crece el hambre, y los padecimientos de miles de desocupados y jubilados.


Tras la larga jornada, tanto Alderete como Sánchez reivindicaron la movilización de los compañeros, y llamaron a mantenerse con la lucha en las calles, enfrentando la política del gobierno, que hace crecer el hambre entre el pueblo. Mariano Sánchez planteó que en el año “hemos tenido logros con la lucha”, aunque algunos han sido pequeños. Se aumentó el monto de todos los planes. Con relación al reclamo a la Corte, Sánchez planteó que los desocupados y los jubilados tienen “derechos adquiridos”, porque en distintos años cobraron plus, o aguinaldo completo.  “Para seguir la lucha por un trabajo y una jubilación dignos hay que cambiar de política, porque este gobierno que hizo cáscara de la década ganada, la termina como el menemismo, con la entrega del petróleo, las comunicaciones, los ferrocarriles, etc., y donde el hambre hace estragos. Y para esa lucha tenemos que generar una salida política para no tener que votar siempre a uno parecido  al que está”.


Alderete, si bien reconoció el derecho de los presos que trabajan a percibir un salario, denunció que el gobierno trata peor a los cooperativistas, a los desocupados y a los jubilados que a este sector, ya que les niega un salario mínimo. “Queremos que nos traten como trabajadores y cobrar el salario mínimo, vital y móvil”. “No terminó el año todavía. Hicimos todos los reclamos que teníamos que hacer. 

Estemos atentos por si tenemos que salir nuevamente a las calles antes  de fin de año. Por eso decimos que es un error la vacilación de aquellos dirigentes que levantaron el paro nacional, porque el 90% de los trabajadores está bajo el límite de la pobreza. Que no usen más el fantasma de los saqueos. Nuestra organización está en contra de los saqueos. Salimos a luchar porque precisamos ese plus de fin de año para pasarla en paz con nuestras familias”

Estado Colombiano no protegió a comunidades durante Operación Génesis

Así lo conceptuó la Corte Interamericana de Derechos Humanos al fallar en contra de Colombia. Los hechos ocurrieron en febrero de 1997 en el Bajo Atrato chocoano.


Por unanimidad, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró al Estado colombiano “internacionalmente responsable” de haber incumplido con su obligación de garantizar los derechos a la integridad personal y a no ser desplazado forzadamente, en perjuicio de los miembros de las comunidades afrodescendientes de la región de la cuenca del río Cacarica, jurisdicción del municipio de Riosucio, Bajo Atrato chocoano, en hechos ocurridos entre el 24 y el 27 de febrero de 1997.
Son tres asuntos por los cuales este alto tribunal declaró responsable a Colombia: el primero es el desplazamiento masivo que generó, según la CIDH, la acción de “grupos paramilitares en colaboración con integrantes de las Fuerzas Armadas Colombianas”; el segundo se refiere al despojo ilegal de tierras pertenecientes a las comunidades afrodescendientes; y el tercero a “los actos crueles, inhumanos y degradantes a que fue sometido el señor Marino López en el poblado de Bijao, así como la privación de su vida, cometidos por miembros de grupos paramilitares”. (Descargar Sentencia Cacarica CIDH)
La Operación Génesis fue ejecutada por los batallones Fuerzas Especiales 1 y Contraguerrillas 35, adscritos a la Brigada 17 del Ejército, con sede en Carepa, Urabá antioqueño, guarnición que estaba bajo el mando del entonces general general Rito Alejo Del Río Rojas. El objetivo de esa acción militar, que empezó el 24 de febrero y concluyó cuatro días después, fue atacar posiciones del Frente 57 de las FARC en los caños Salaquí, Cacarica, Truandó y Perancho, área de control de este grupo subversivo que le daba movilidad por el río Atrato y salida al océano Pacífico.
De manera paralela y bajo acuerdos con las Fuerzas Militares, según lo ha confesado ante fiscales y magistrados de Justicia y Paz el ex jefe paramilitar Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, un grupo de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) inició la Operación Cacarica, remontando el río Atrato desde Riosucio, pasando por el Parque Nacional de los Katíos, atravesando Bijao, hasta llegar al sitio conocido como la Loma del Cacarica, desde donde incursionaron a las cuencas del Salaquí, Truandó y Perancho, realizando operaciones militares conjuntas con el Ejército.
Esta operación comenzó el 23 de febrero y según precisó ‘el Alemán’, finalizó el 5 de marzo. En ella participaron 60 paramilitares, 40 de ellos integrantes del Frente Chocó y 20 más del Frente Arlex Hurtado. En su desarrollo, los ilegales ejecutaron a Marino López en el caserío de Bijao, a quien acusaron de ser un guerrillero, y desmembraron su cuerpo.
En su momento, la Fiscalía General de la Nación conceptuó que el asesinato de este campesino “forma parte de una estrategia de consolidación paramilitar, toma de territorio y sometimiento de un enemigo común (resaltado en el original) […] causar terror para lograr el desalojo de una población civil no combatiente, posesión de territorios y por ende ostentar un balance de guerra positivo”, tanto para las ACCU como para el Ejército. (Ver: El crimen que envió a la cárcel al ’Pacificador de Urabá’)

Alianza denunciada

De acuerdo con la CIDH estos hechos son “atribuibles al Estado por la aquiescencia o colaboración que prestaron agentes de la fuerza pública para las operaciones de esos grupos, lo cual les facilitó las incursiones a las comunidades del Cacarica y propició o permitió la comisión de este tipo de actos”.
Esa colaboración a la que hace referencia este tribunal fue referida por alias ‘El Alemán’ en varias de sus versiones libres en desarrollo del proceso de Justicia y Paz, al cual ha sido postulado. Según este ex jefe paramilitar, quien comandó la incursión a la región del Bajo Atrato, las operaciones Génesis y Cacarica se concertaron en la Brigada 17 del Ejército, entre oficiales de esa guarnición militar y algunos comandantes de las ACCU.
Uno de los oficiales participantes en esas reuniones fue el entonces jefe de Inteligencia de la Brigada, coronel Jorge Eliécer Plazas Acevedo, también conocido como ‘Don Diego’, y los miembros de las ACCU Carlos Ardila, alias ‘Carlos Correa’, Élmer Cárdenas y alias ‘el Alemán’. En uno de los últimos encuentros, semanas antes de las operaciones, se definió que las tropas del Ejército se requerían guías que los condujeran al Bajo Atrato chocoano.
“Allí nos habló de los guías y a los pocos días recibimos la orden de Carlos Castaño de proveerlos”, le explicó Rendón Herrera a una fiscal de Justicia y Paz durante una audiencia de versión libre realizada en Medellín. (Ver: Doce paramilitares fueron guías del Ejército)
La misión de reclutar los guías le fue encomendada a un experimentado paramilitar, Julio Cesar Arce Graciano, alias ‘ZC’, quien seleccionó 11 hombres y con ellos se presentó a la sede de la Brigada y se puso a las órdenes del coronel Plazas Acevedo, oficial desvinculado del Ejército en agosto de 1999 y hoy prófugo de la Justicia por diversos crímenes, entre ellos el del humorista Jaime Garzón.
Los guías fueron incluidos en los equipos de militares que fueron transportados por aire y que viajaron hasta la zona del Salaquí el 24 de febrero de 1997, dando así inicio a la Operación Génesis, que acabaría cuatro días después, luego de intensos bombardeos contra supuestas posiciones de la guerrilla de las FARC, pero que terminó afectando a la población afrodescendiente.
Según Rendón Herrera, el compromiso con el jefe de Inteligencia no sólo implicaba el uso de guías paramilitares, también se acordó que las tropas estatales no entorpecieran el avance de las ACCU hacia las mismas zonas donde se estaba realizando la Operación Génesis.
La misión fue autorizada por el entonces comandante de la guarnición militar general Rito Alejo Del Río Rojas, quien fue condenado el 24 de agosto de 2012 a 25 años de prisión por el crimen de Marino López Mena. Durante el juicio, la Fiscalía determinó que “había una alianza macabra entre las AUC y el Ejército contra la guerrilla, pero sin considerar a la población civil. No se entiende cómo estando en el mismo territorio, el Ejército no combatió a los paramilitares. Pero cómo combatir a aquellos que nos están apoyando y con quienes se tiene un acuerdo”. (Ver: Rito Alejo Del Río y el asesinato de Marino López)
En su defensa ante la Corte, durante el proceso, los representantes del Estado colombiano alegaron que la Operación Génesis fue legítima y no contó con el apoyo de grupos paramilitares; que la condena de 25 años de cárcel contra el ex general Rito Alejo Del Río no estaba en firme y que no eran ciertos los señalamientos hechos por alias ‘El Alemán’. (Ver: Contradicciones del Estado en Operación Génesis)

¿Qué decidió la CIDH?

Posterior a esos hechos, centenares de pobladores de esas cuencas se vieron forzados a desplazarse al municipio de Turbo, a Bocas de Atrato y a Panamá, donde permanecieron en diferentes asentamientos por varios períodos durante los cuatro años siguientes.
“En Turbo las condiciones de vida de los desplazados se caracterizaron por falta de atención por parte del gobierno, hacinamiento, malas condiciones y falta de privacidad (…) Además, con posterioridad a los hechos de febrero de 1997, los desplazados siguieron siendo objeto de actos de hostigamiento, amenazas y violencia por parte de grupos paramilitares”, precisó la CIDH.
Ante esa situación, la Corte declaró que el Estado es responsable en este caso por dos razones fundamentales: de un lado, por haber incumplido con su obligación de garantizar los derechos a la integridad personal de los pobladores, particularmente en dos situaciones: de un lado, con respecto a los desplazamientos forzados que se dieron por acción de los grupos paramilitares en el marco de la Operación Cacarica; de otro, por el incumplimiento de sus obligaciones de garantizar la asistencia humanitaria y un retorno seguro a sus tierras.
Además, la CIDH concluyó que el Estado es responsable por la violación de los derechos a la vida y a la integridad personal, “en perjuicio del señor Marino López Mena por el incumplimiento de sus obligaciones de prevención, protección e investigación, así como por la violación del derecho a la integridad personal en perjuicio de sus familiares”.
A su vez, la Corte estableció que el Estado es responsable por la violación de los derechos de niños, “por no haber desarrollado las acciones positivas suficientes a su favor en un contexto de mayor vulnerabilidad, en particular mientras estuvieron alejados de sus territorios ancestrales, período en que se vieron afectados por el hacinamiento y la falta de acceso a educación, salud y alimentación adecuada”.
Con respecto a lo que la CIDH llama “desposesión ilegal” del territorio de las comunidades afrodescendientes de la cuenca del río Cacarica, este tribunal indicó que el Estado es responsable por la violación al derecho a la propiedad colectiva de comunidades afrodescendientes, no sólo protegido por el artículo 21 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, sino por la ley 70 de 1993, que considera estas tierras “inalienables, imprescriptibles e inembargables”.
Si bien la CIDH registró que el Estado colombiano había reconocido parcialmente su responsabilidad por la violación del principio de plazo razonable en las investigaciones de los hechos ocurridos en el Bajo Atrato chocoano, distinguió los períodos en los cuales el Estado sí realizó efectivamente investigaciones diligentes para determinar la responsabilidad de quienes participaron en ellos y aquellos en que fue clara la omisión de no haberlas llevado a cabo.
Por tal razón, la Corte concluyó que “el Estado es responsable de haber incumplido con la debida diligencia en las investigaciones sobre participación de la mayoría de integrantes de la fuerza pública y de las relacionadas con las estructuras paramilitares”.
La Corte también determinó que el Estado no había garantizado un recurso efectivo que remediara la ilegalidad de las explotaciones madereras en los territorios colectivos de las comunidades afrodescendientes de la cuenca del río Cacarica, ni garantizó que las decisiones de tribunales internos que han tutelado los derechos colectivos de las comunidades sobre su propiedad colectiva fueran cumplidas a cabalidad.
Con respecto a las reparaciones, la Corte le ordenó al Estado tomar varias medidas de reparación, entre ellas realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional; continuar eficazmente y con la mayor diligencia las investigaciones abiertas, así como abrir las que sean necesarias, con el fin de individualizar, juzgar y eventualmente sancionar a todos los responsables en los hechos que dieron lugar a esta sentencia
Asimismo, le exigió brindar el tratamiento adecuado y prioritario que requieran las víctimas en el marco de los programas de reparaciones previstos en la normatividad interna; restituir el efectivo uso, goce y posesión de los territorios reconocidos en la normativa a las comunidades afrodescendientes agrupadas en el Consejo Comunitario de las Comunidades de la Cuenca del río Cacarica; y garantizar que las condiciones de los territorios que se restituyan a las víctimas, así como del lugar donde habitan actualmente, sean adecuadas para la seguridad y vida digna tanto de quienes ya han regresado como de quienes aún no lo han hecho.
Por último, el Estado colombiano deberá garantizar que todas las personas que hayan sido reconocidas como víctimas en esta sentencia, en total 341 adultos y 234 menores, reciban efectivamente las indemnizaciones establecidas por la normatividad interna pertinente, y pagarles a los familiares de Marino López Mena una indemnización como compensación por daños materiales e inmateriales ocasionados.




Discriminación racial: Una herida abierta en Estados Unidos

Las protestas del mes de julio, en más de cien ciudades norteamericanas, rechazando un fallo que absolvió al asesino de un joven negro, pone de nuevo sobre el tapete el crucial tema de las injusticias contra las minorías raciales.



Alberto Acevedo
No es cierto, como lo pronosticaron algunos analistas, que con la llegada de Obama a la presidencia de los Estados Unidos, se iba a pasar la página de la brutal historia del racismo y se iba a inaugurar, definitivamente, la era de las plenas garantías ciudadanas, y de la inclusión social, que tomara en cuenta los intereses de las minorías étnicas de ese país.
Las multitudinarias manifestaciones que en la primera semana de julio se presentaron con mucha fuerza en un centenar de ciudades norteamericanas, rechazando los términos del fallo de un jurado de conciencia, integrado por seis mujeres blancas, en el que se absolvió a un vigilante que asesinó a un joven negro, ponen en evidencia que el tema de la discriminación racial sigue siendo una herida abierta en la sociedad norteamericana.
A consideración del jurado se presentaron los hechos ocurridos en febrero de 2012 en un barrio de clase alta de Sanford, Florida, donde el joven afrodescendiente Trayvon Martin, de 17 años de edad, fue asesinado a tiros por el vigilante George Zimmerman, que hacía rondas en el sector.
Zimmerman, de 29 años, reportó después que había sido atacado por el muchacho de color y que por consiguiente actuó en defensa propia. Sin embargo, en la reconstrucción de los hechos se estableció que el joven negro estaba desarmado y minutos antes de su muerte había llamado por teléfono a su novia, comunicándole que estaba siendo objeto de hostigamientos por parte del vigilante.

Sospechoso

El vigilante tiene antecedentes de poseer un carácter agresivo y actitudes de rechazo a la población de color. De hecho admitió que hacía seguimientos a Martin, después de salir de una tienda del barrio, por la doble circunstancia de portar una sudadera con una gorra que le cubría la cabeza, y porque se le hacía sospechoso que un negro anduviera por las calles de un barrio de ricos.
A pesar de no tener soporte jurídico una eventual pelea entre un vigilante armado y un muchacho de 17 años desarmado, la policía liberó a Zimmerman, sin formularle cargos criminales. Fue la reacción de la ciudadanía, que en manifestaciones sucesivas denunció hechos de violencia racial, la que hizo que el vigilante fuera recapturado para que respondiera por cargos criminales, uno por homicidio en segundo grado, y otro por homicidio doloso.
Activistas de derechos humanos, que han coordinado las recientes protestas en Estados Unidos, han dicho que el problema del racismo es un lastre que la nación norteamericana no ha sido capaz de superar. Existe allí un régimen legal que criminaliza y margina a la población de color.

Justicia racial

Los prejuicios raciales de Zimmerman son los mismos de una buena parte de la población de ese país. Ser negro es sospechoso de ser criminal. Las personas de color son las más vigiladas, encarceladas y condenadas, en no pocos casos hasta la pena de muerte. Estadísticas del régimen penitenciario indican que uno de cada tres hombres puede ir a la cárcel en Estados Unidos. Pero los negros y los latinos son tres veces más propensos a requisas e interrogatorios en vías y retenes, por parte de las autoridades.
Las denominadas minorías étnicas norteamericanas son cuatro veces más propensas a experimentar el uso de la fuerza por parte de la policía. Solamente en 2012 se produjeron 313 ‘falsos positivos’ (ejecuciones extrajudiciales) por parte de la policía, en los que las víctimas mortales fueron ciudadanos negros, según reporte de la ONG Malcolm X Grassroots Movement.
En Estados Unidos, unas 30 mil personas son asesinadas cada año por violencia asociada al porte de armas, y de ellas, el 67 por ciento son personas de color. En el año 2009, uno de cada 10 negros estaba en prisión, mientras en el caso de los hispanos, la proporción es de uno por cada 25. La tasa de encarcelamientos de negros no hispanos es seis veces mayor que la de blancos no hispanos. En fin, la población negra en Estados Unidos es del 12 por ciento, pero la población negra bajo prisión es del 40 por ciento.

Democracia imperfecta

Esta actitud criminalizante no obedece sólo a unas estructuras ancestrales en la sociedad norteamericana. Bajo el gobierno de Obama, el primer presidente negro en la historia de ese país, y además Premio Nobel de Paz, la población negra ha padecido el mayor índice de desempleo (entre 12 y 15 por ciento), el doble de la población blanca. Y este es un factor necesariamente asociado a la pobreza y la marginalidad.
Resulta paradójico que la nueva ola de protesta ciudadana a raíz de un nuevo hecho de criminalización y discriminación contra un ciudadano negro norteamericano se produzca a 150 años de la proclamación de la Emancipación, realizada por Abraham Lincoln, que liberó de la esclavitud a casi cuatro millones de afrodescendientes y proclamó que nunca más un ser humano arrastraría cadenas en sus manos en esa nación.
La muerte del joven Trayvon Martin ha reabierto el debate y le habla al mundo que la violencia racial, la exclusión social y las injusticias contra la población de color, siguen latentes en la nación que se proclama como la mayor y más perfecta democracia sobre la tierra.


Estados Unidos: Cárceles y cementerios se llenan de negros

Los recientes fallos de jurados de conciencia absolviendo a policías que acribillaron a tiros a ciudadanos negros levantan ola de indignación por el resurgimiento de un sentimiento racista en Norteamérica. La ONU expresa su preocupación y reclama reformas a la Justicia.


Alberto Acevedo
Como una confirmación de la histórica e innegable orientación racista de las autoridades norteamericanas, especialmente por parte de la policía, la fiscalía y las autoridades carcelarias, fue interpretado el veredicto de dos jurados de conciencia, compuestos por ciudadanos blancos, que absolvieron a dos policías, de raza blanca, acusados de asesinar a dos ciudadanos negros.
En ambos casos, el fallo ratifica una concepción paranoica de la sociedad por parte de diferentes gobiernos de los Estados Unidos, proclives a llevar a cárceles y cementerios y a eliminar físicamente a ciudadanos de color o pertenecientes a otras minorías raciales, considerados peligrosos, como una medida de control social.
Esta tendencia histórica no cambió bajo la actual administración del presidente Obama, el primer ciudadano afronorteamericano en ocupar el despacho oval de la Casa Blanca. Por el contrario, según cifras suministradas por organismos defensores de derechos humanos, en los últimos años se han multiplicado los asesinatos, encarcelamientos, palizas y maltratos contra ciudadanos negros, a quienes se castiga por su condición social.
La nueva oleada de protestas antirraciales comenzó inmediatamente después de que un jurado de Nueva York diera a conocer, el 3 de diciembre, su veredicto en el que declaró inocente de cargos criminales al policía Daniel Pantaleo, que el 17 de julio dio muerte por asfixia, en una calle de Staten Island, al ciudadano de color Eric Garner, un hombre de 43 años, casado y padre de tres hijos, que se ganaba la vida vendiendo cigarrillos en las calles.
En la investigación de los hechos se estableció que Garner sufría de asma y al momento de confrontar al policía que le quitó la vida, estaba desarmado. El uniformado, con la ayuda de otros oficiales, sometió al vendedor y le aplicó una llave al cuello, que lo ahogó. En un video hecho público, se escucha que antes de morir Garner gritó muchas veces, casi implorando, “no puedo respirar”.

Estaban desarmados

El 24 de noviembre anterior, un jurado investigador del condado de San Luis, Misuri, también exoneró de cargos al policía Darren Wilson, quien el 9 de agosto anterior acribilló a tiros al joven negro Michael Brown, de 18 años de edad.
El 7 de diciembre, cientos de personas asistieron al funeral de Akai Gurley, un muchacho negro de 28 años, que días antes había muerto a manos de un oficial blanco, en un complejo habitacional de Brooklyn, pese a que, también en ese caso, la víctima estaba completamente desarmada, como lo pudo establecer después el propio jefe de la policía de Nueva York, Bill Bratton.
El jueves de la semana pasada, un oficial de policía de Phoenix disparó y mató a un hombre negro, desarmado, de nombre Rumain Brisbon. De acuerdo a las pesquisas, el agente creyó que el hombre tenía un arma de fuego.
El angustioso y desgarrador grito de Eric Garner, de “¡no puedo respirar!” se convirtió en consigna airada que miles de gargantas gritaron en las calles de Manhattan, Nueva York, Washington, Boston, Chicago, Minneapolis, Los Ángeles, Oakland, Ferguson y una veintena de ciudades más, que terminaron en duros enfrentamientos con la fuerza pública y un saldo de varios heridos y alrededor de 200 detenidos, según datos suministrados por la policía.

Un patrón de impunidad

“Sin justicia no hay paz”, “la vida de los negros importa”, gritaron también los manifestantes, que en respuesta a sus reclamaciones recibieron una andana de disparos de gases lacrimógenos, de granadas aturdidoras y la paliza de los bastones policiales.
En esta ocasión, la reacción social se ha extendido a un mayor número de ciudades de los Estados Unidos, y expresado en el rechazo a la política gubernamental de discriminación contra las minorías. Se han sumado amplios sectores de población, incluidos ciudadanos blancos, defensores de derechos humanos, académicos, artistas y trabajadores de la cultura.
Seis expertos independientes de las Naciones Unidas advirtieron por su parte que la muerte de jóvenes afro en Ferguson y Nueva York podría ser el indicio de un “patrón de impunidad de la brutalidad” policial por cuestiones racistas. “La decisión (de los dos jurados) ha dejado a muchos con la legítima preocupación sobre un patrón de impunidad cuando las víctimas del uso excesivo de la fuerza son de origen afroamericano u otras comunidades minoritarias”, afirmó la relatora especial de las Naciones Unidas sobre minorías, Rita Izsák.
La situación de abusos policiales es tan evidente que el propio alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, se pronunció en forma favorable a una reforma a fondo de la policía, en tanto que el secretario de Justicia de los Estados Unidos, Eric Holder, admitió que la policía “practica un uso de la fuerza irracional e inútil”.

Reforma social

Un oficial de policía, de color blanco, recordó por estos días que en los enfrentamientos y confusiones, en los que un colega se pregunta si la persona que interpela está armada o no, “ninguno de ellos hubiera sido asesinado si hubieran sido blancos”.
En efecto, es desproporcionado el número de jóvenes negros y latinos asesinados, maltratados o encarcelados por distintos organismos de policía. Solamente en el condado de Los Ángeles, desde el año 2000 a esta época, el 27% de las personas asesinadas por cuerpos policiales son de raza negra.
Junto a estos enfrentamientos y manifestaciones de discriminación racial, yace una enorme brecha económica y educacional, en la que los ciudadanos de color o de origen latino llevan la peor parte. Por eso, sectores democráticos reclaman una profunda reforma social que garantice a las minorías de los Estados Unidos oportunidades de trabajo, de educación, de expresión cultural, en una política más incluyente que, desde luego, los norteamericanos no consiguieron alcanzar bajo el gobierno de su primer presidente negro.

EMERSON ARGENTINA despidió a más de 20 empleados entre el 2013 y el 2014



Desde Enero de 2013 a diciembre de 2014 la empresa Emerson Argentina S.A. ubicada en Avenida Maipu al 600, despidió a mas de 20 empleados según denuncian los delegados de la comisión interna de la empresa.

A su vez el servicio de Vigilancia y de limpieza son tercerizados pagando un bajo sueldo a esos empleados.

De esta manera Emerson Argentina se suma a las empresas ubicadas en la Argentina que descarga la crisis del Sistema capitalista de la forma mas simple que es la de despedir empleados.

Según informaron empleados de la empresa no se descarta el corte de la avenida Maipu al 600 para la semana que viene como medida de "Basta de Despidos". Estarán presentes compañeros de otras empresas de la zona norte que también vienen sufriendo despidos.

    

            Juan Gomez
 (Comisión Interna de Emerson Argentina S.A.)